La Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) reveló en su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2024 que siete de las diez dependencias y organismos descentralizados auditados presentaron irregularidades y uso incorrecto de recursos públicos. Entre las instancias con anomalías se encuentran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche y el Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC). También figuran el Instituto de Pesca y Acuacultura, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM). De acuerdo con la normativa vigente, las entidades fiscalizadas tienen un plazo de 30 días hábiles, a partir de la recepción del informe individual de auditoría, para solventar las observaciones detectadas por la Asecam.
En el caso de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la auditoría detectó pagos irregulares con recursos públicos por un monto de 640 mil pesos destinados a la adquisición de combustible para comisiones y actividades. El organismo no cumplió con los procedimientos necesarios para asegurar las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, ya que no realizó un procedimiento de adjudicación ni presentó evidencia de haber solicitado y evaluado cotizaciones a al menos tres proveedores. Además, la CAPAE incumplió la obligación de presentar los gastos públicos por agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento, según lo estipulado por el Clasificador por Fuentes de Financiamiento del Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), lo que representa una violación a los lineamientos establecidos para la transparencia y buen uso del erario público.
Respecto al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública, la auditoría encontró pagos irregulares por 576 mil 895 pesos en concepto de reintegro a la Tesorería de la Federación, realizados con recursos del Convenio de Coordinación Administrativa en Materia de Recaudación de Derechos, en contravención de lo pactado. Dichos pagos fueron registrados en la partida “441 Ayudas sociales a personas”, aunque el reintegro no corresponde a ese concepto. Además, se detectaron pagos por 810 mil 477 pesos para el cumplimiento de una sentencia judicial, también con recursos que incumplen lo convenido. Durante varios meses de 2024, la entidad recaudó ingresos por 259 mil 053 pesos que no fueron reportados oportunamente a la Secretaría de Administración y Finanzas, lo cual infringe la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado. Igualmente, se realizó una reducción presupuestal neta de 11 millones 656 mil 158 pesos al capítulo “1000 Servicios Personales” sin justificación, contraviniendo disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria estatal.
En el ISSSTECAM, la auditoría reportó que se erogaron 19 millones 972 mil 512 pesos para la adquisición de un seguro de vida, proceso en el cual no se llevó a cabo la licitación pública correspondiente y el proveedor seleccionado no estaba registrado en el padrón oficial de proveedores, lo que constituye una falta grave a los procedimientos de contratación pública. Por su parte, el Instituto de Pesca y Acuacultura también incurrió en irregularidades al efectuar gastos por 554 mil 917 pesos para el equipamiento y modernización de embarcaciones, entregados en condiciones que no cumplen con las reglas de operación del Programa de Rescate del Campo y Visión del Mar. Adicionalmente, se documentaron pagos por 78 mil 439 pesos en conceptos de servicios de alimentos, arrendamiento de bienes para eventos y refacciones e insumos para vehículos, todos ellos sin la documentación que justifique o respalde el uso y destino de los recursos.
La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en tanto, fue señalada por la Asecam debido a que mantiene pendientes de pago por un monto de 209 millones 646 mil 278 pesos relacionados con la construcción, ampliación y mejora del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C-5. Estos adeudos corresponden a inversiones en obras públicas y servicios relacionados, financiados con ingresos locales y participaciones federales. La falta de claridad en la administración y aplicación de estos recursos pone en entredicho la eficiencia y transparencia de la gestión pública en la entidad. La Asecam enfatizó la importancia de que las dependencias solventen las observaciones en el plazo legal, pues de persistir las irregularidades, podrían iniciarse procedimientos de responsabilidad administrativa o incluso penales, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía campechana.
